Política Ambiental en Latinoamérica: ¿Neoextractivismo o Sustentabilidad?

En la actualidad, tanto en América Latina como en el resto del mundo, existe un gran debate en torno a lo que se denomina la política ambiental de los Estados.

¿Qué entendemos por política ambiental? La política ambiental es uno de los tres pilares del desarrollo sustentable, o en otras palabras, de aquel desarrollo que permite satisfacer las necesidades y demandas de las generaciones actuales sin comprometer las de las generaciones futuras (así definida en la Cumbre de la Tierra en 1992).

No es simple evaluar la política ambiental desde parámetros objetivos. Conte Grand y D’Elía (2008) encuentran dos indicadores principales: los tratados internacionales ratificados y el número de medidas adoptadas para cumplir las metas establecidas en la Agenda 21. Estas, asimismo, son determinadas por otras dos variables fundamentales: el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y la presión demográfica. Es decir, cuanto mayor es el desarrollo de los países, mayor es la tendencia a implementar medidas hacia el desarrollo sostenible. Y cuanto mayor es la presión demográfica, menor es la disponibilidad de recursos per cápita, y la preocupación ambiental es mayor.

Con esto en consideración, ¿cómo se encuentra la región en camino a la sustentabilidad? En comparación al resto de los países del mundo, los países presentan 1 tratado ratificado más de media, pero un 6% menos en el progreso de las metas. Dentro del continente, sin embargo, los números varían ampliamente: hay países que se encuentran en la cima de los dos indicadores principales, otros en los últimos puestos de ambos, y otros que poseen una mayor cantidad de tratados que la media pero con un bajo progreso en las metas.

En este contexto, es importante destacar el rol que ha tenido el propio Estado en esta transición hacia la sustentabilidad. Existen dos miradas bastante opuestas en cuanto al accionar del sector público en este área.

Por un lado, existe una serie de críticas a un supuesto nuevo rol que han ocupado los Estados dentro del neoextractivismo, “un nuevo modelo de desarrollo”. En este mismo, un régimen de explotación intensiva y acumulación como su predecesor, se destaca el mayor estatismo y nacionalismo. Así, por medio del discurso político, el aprovechamiento de los recursos, si bien la presencia de empresas extranjeras no varía, se convierte en una cuestión nacional. Y al mismo tiempo, detrás de este discurso se esconde la cuestión ambiental, cuando en realidad la explotación de los mismos a este ritmo indica la falta de planeamiento a largo plazo de los gobiernos.

Por el otro lado, están quienes consideran que sí  se ha alcanzado un progreso importante, en lo que refiere sobre todo al ciclo de vida de los residuos. Esto, en parte, puede deberse a la escasa participación del sector privado en la actividad, al ser un trabajo en condiciones bastante insalubres y que no genera demasiada ganancia. A su vez, esto se le puede atribuir a factores como la falta de incentivos y el vacío de información en la región (ante la ausencia de modelos). Por esa misma razón, se han comenzado a implementar las llamadas iniciativas de responsabilidad extendida del productor (REP), que buscan reconocer e integrar a los recicladores en los sistemas de gestión integral de residuos y permitir un diseño de regulaciones más efectivas.

Podemos ver las claras diferencias presentes en ambos planteos. Pero si hay algo que también es claro es que, para lograr un sistema “inclusivo” y lo más ecologista posible, es necesaria la cooperación de los sectores público y privado, con políticas que involucren a todos los actores.